Regulación del outsourcing favorecerá a millones de trabajadores
mexicanos
El número de empleados contratados por outsourcing o subcontratación
supera los 56 millones de trabajadores a nivel global, según cifras de
la World Employment Confederation. En México más de
3.5 millones de colaboradores laboran bajo este esquema, que tras seis
años de haberse incluido en la Ley Federal del Trabajo continúa con
desafíos para convertirse en una actividad que contribuye a formalizar
el empleo en México.
“La subcontratación es una actividad que dota a las empresas
flexibilidad para que se concentren en el desarrollo del negocio
mientras un tercero
apoya en la atracción de talento. Incluso, en algunos casos permite
transitar de empleados informales a la formalidad. Sin embargo, para que
este esquema impulse estos beneficios hay que aplicar con rigor el marco
de la regulación vigente, estipulada en la Ley Federal del Trabajo en
2012”, señaló Héctor Márquez Pitol, Director de Relaciones
Institucionales de ManpowerGroup.
La legislación mexicana describe al outsourcing como el régimen por el
cual un patrón (denominado contratista) ejecuta obras o presta servicios
con trabajadores bajo su dependencia, en favor de un contratante,
persona física o moral.
Antes de realizar una nueva reforma a este esquema -propone Márquez- se
requiere un análisis profundo sobre la manera en que debe atenderse y
regularse al sector. “Bajo ningún argumento podría hablarse de cancelar
la subcontratación. Se trata de impulsar mecanismos, por la vía legal,
para frenar malas prácticas,
como son el registro de personal por honorarios, a través de
cooperativas y sindicatos, o bien pagar al empleado por derechos de
autor o inclusive a través de pólizas de seguros”,
destacó.
Para dimensionar el impacto de la subcontratación, en
México
61% de quienes son contratados bajo este esquema permanece en su empleo
por un periodo mayor a tres meses. Pero para lograr que esta actividad
se traduzca en formalización en el mercado de trabajo, “hay que cerrar
la pinza” en la manera
cómo se reporta el salario, y que las
instituciones como IMSS, SAT y STPS trabajen de manera coordinada para
identificar a las empresas que incurren en prácticas nocivas de
subcontratación.
Héctor Márquez sugiere considerar las experiencias internacionales e incluso conocer la opinión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Expone que no se trata de modificar el nombre de esta actividad, porque ello no favorecerá una adecuada regulación, tal como sucedió con algunos países Latinoamericanos, quienes decidieron cambiar el término “outsourcing” por “prestadora de Servicios”.
Son varios los cambios que se requieren para frenar los ‘abusos’ en la
subcontratación, añadió el directivo,
y existen algunos avances. En la reforma laboral, de reciente
aprobación, se adiciono una disposición en el artículo quinto, donde se
establece “que no se puede encubrir una relación laboral con actos
jurídicos simulados”. También se estableció que no se puede registrar a
un trabajador con un salario menor al que realmente percibe. Esto obliga
a los empleadores a cumplir con los compromisos laborales y de seguridad
social correspondientes.
Otra modificación importante, de acuerdo con Márquez Pitol, sería
reglamentar a la empresa contratante, en especial, que registre a los
trabajadores con el puesto, sueldo y prestaciones reales y que sobre la
totalidad de los mismos se pague con recibos timbrados por el SAT.
